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Incluir la perspectiva de derechos humanos en la administración pública involucra dos componentes fundamentales. Por un lado, partir del derecho de las personas y no de su necesidad; por otro, considerar a las personas como sujetos de derechos y no como beneficiarias de asistencia. Al mismo tiempo, implica visibilizar las desigualdades y contemplarlas a través de acciones afirmativas. Estas acciones se proponen compensar las desigualdades históricas que han limitado el acceso a derechos de determinados grupos sociales, por razones de sexo, etnia, identidad de género, discapacidad, evitando que se sigan generando.
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