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El Banco de Previsión Social es un ente autónomo creado en el artículo 195 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay del año 1967. Su cometido central es coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social.
La formación del sistema de seguridad social en el Uruguay estuvo vinculada a situaciones de crisis y prosperidad económica y social del país. En su comienzo nuestro sistema de seguridad social no se destacó por la universalidad de las prestaciones, sino que fue incluyendo colectivos específicos que ampliaron la cobertura frente a determinados riesgos progresivamente.
Estas primeras iniciativas de intervención estatal convivían con diversas formas de cobertura privada, individual o colectiva (los surgidos de la sociedad civil en sus diferentes formas organizativas), que se desarrollaron durante el siglo XIX.
Hacia fines de la década del cincuenta se comenzó a discutir a nivel parlamentario la idea de centralizar la administración de los beneficios sociales existentes. En 1958, diversos sectores políticos uruguayos plantearon la concreción de esa propuesta en la creación del Banco de Previsión Social.
Fue recién en 1966 cuando se logran acuerdos que derivaron en la aprobación de la Constitución que regiría a partir del siguiente año, donde se instaura al BPS como ente rector del sistema previsional. Se dispuso además una nueva reorganización de las carteras ministeriales y se instruyó la creación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. BPS estaría en la órbita de este nuevo ministerio y debería comenzar a funcionar con la asunción del nuevo gobierno electo el 1.° de marzo de 1967.
Se mantuvieron fuera de la esfera de BPS las llamadas cajas paraestatales: bancaria, notarial y de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios, así como los servicios de retiro y pensiones militar y policial.
Los cometidos planteados en esta primera etapa comprendían coordinar los servicios estatales y organizar la seguridad social. Este último englobaba la idea de administrar la gestión y los recursos.
En relación a la estructura, en sus inicios el organismo se componía del Directorio, una Secretaría General, una Gerencia General Técnica y los Servicios Centrales: la Gerencia General de la Caja Civil, la Gerencia General de la Caja de Industria y Comercio, la Gerencia General de la Caja Rural. Las cajas dejaron de ser servicios descentralizados, pero mantuvieron su estructura interna.
En cuanto a la conformación del Directorio del organismo, se estableció el principio de administración democrática establecido en la disposición transitoria y especial, letra M de la Constitución. Está integrado por cuatro miembros designados por el Poder Ejecutivo, uno electo por los afiliados activos, uno electo por los afiliados pasivos y uno electo por las empresas contribuyentes.
Fue recién en el año 1992 cuando el Directorio se integra de forma completa por primera vez y en 2006 cuando se cumple íntegramente la disposición constitucional con el ingreso de los primeros directores sociales electos por votación directa de sus representados.
Esta conformación posibilita la elaboración de políticas participativas a nivel institucional, generando legitimidad y confianza, y permitiendo el contralor de la gestión.
En junio de 1973 se disolvió el Parlamento dando inicio a la dictadura cívico-militar. Instalado el gobierno de facto, se intervinieron todos los organismos estatales.
En octubre de 1979 se dictó el Acto Institucional N.° 9 que, entre otras cosas, fue más allá de la intervención y sustituyó el BPS por la Dirección General de Seguridad Social (DGSS) en defensa de la centralización total. Esto significó un cambio sustancial en la estructura de financiamiento del sistema que dejaba de estar centrado en los aportes de sus afiliados.
Las transformaciones más significativas de los Actos Institucionales 9 y 13 fueron, fundamentalmente, en cuanto al otorgamiento de jubilaciones y pensiones. Se suprimieron algunas de las causales (como jubilación por cese, por despido y por maternidad) y de las bonificaciones existentes. Se evidenciaba así el cambio de criterio de un sistema de protección social universal a un sistema de cobertura más restringido.
En 1984 comenzaron las acciones tendientes a lograr la reapertura democrática y la reinstitucionalización. En setiembre del mismo año, comenzó a funcionar la Concertación Nacional Programática (CONAPRO) como espacio de negociación entre los partidos y las organizaciones sociales. En este espacio se trabajó por la reinstitucionalización de BPS, lo que se logró luego de extensas negociaciones en enero de 1986 con la aprobación de la Ley 15.800.
El primer punto a trabajar fue la recuperación de las jubilaciones y pensiones más sumergidas. Estas soluciones no resultaron suficientes y las organizaciones sociales continuaron presionando lo que finalizó con una propuesta de proyecto de reforma constitucional que estableciera el mecanismo de revaluación de las pasividades. El proyecto se puso a consideración de la ciudadanía mediante plebiscito que se votó junto con las elecciones nacionales de 1989 y se aprobó con un apoyo del 82 %.
La década del noventa se caracterizó por la tendencia impulsada por organismos internacionales, principalmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, de instaurar sistemas privados, totales o parciales (mixtos) de previsión social. Tras largos debates, y a pesar de la oposición de diversos sectores sociales y políticos, este sistema entró en vigencia el 1.° de abril de 1996 con la Ley 16.713.
En 2002 la crisis económica que enfrentó el país tuvo consecuencias inmediatas en el sistema de seguridad social: el aumento de la tasa de desempleo (que alcanzó el 19.5 %) y la informalidad, el porcentaje de evasión (que alcanzó un 40 %), el crecimiento del volumen de la población en situación de vulnerabilidad con requerimientos de asistencia (un tercio de la población se ubicó con ingresos por debajo de la línea de pobreza), entre otras cosas, enfrentaron a la institución a una crisis de grandes dimensiones. La caída de las contribuciones y el aumento de las erogaciones para lograr cubrir las contingencias requerían de altos porcentajes de asistencia financiera del Estado.
A partir de 2004 la reactivación del sistema productivo provoca un crecimiento de los afiliados al sistema y con ello comienzan a equilibrarse las finanzas del organismo.
En una primera etapa se desarrollaron mecanismos para atender a la población más vulnerable como el Plan de Emergencia, transformado en 2008 en el Plan de Equidad. Posteriormente se trabajó en reformas más profundas, entre las que se destacan la reforma del sistema tributario y la del sistema de salud con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). BPS tuvo y tiene un rol fundamental en estas reformas tanto como gestor, administrador y recaudador.
En los últimos 10 años, junto con el equilibrio de los recursos del organismo, se desarrollaron líneas de trabajo destinadas a la extensión y profundización de la cobertura. En ese sentido, se ha trabajado para reducir la informalidad, creando figuras tributarias que habilitan la inclusión de pequeños colectivos (monotributo), así como la línea de la fiscalización.
La inclusión de nuevos colectivos de trabajadores, que hasta el momento no pertenecían al sistema (como por ejemplo los artistas) o quienes no recibían algunas de las prestaciones otorgadas por el instituto (como los trabajadores del servicio doméstico y el sector rural), responde a la implementación de políticas de flexibilización en las condiciones de acceso a las prestaciones, como en el caso de las jubilaciones (Ley 18.395) y en la creación de nuevas prestaciones como las destinadas a las víctimas de delitos violentos y de violencia doméstica (leyes 18.850 y 19.039, respectivamente).
Todo ello es parte de un impulso trasformador que intenta sumar a la condición de administrador y gestor del instituto, la calidad de investigador y promotor de políticas sociales. En ese sentido, siguiendo la tendencia establecida por la OIT, se comienza a hablar de BPS como instituto de seguridad social. Se intenta, de esta forma, trabajar sobre el carácter amplio del sistema el cual no refiere meramente a previsión social ni a aspectos contributivos y retributivos, sino que va más allá en la construcción de una red de protección, información e investigación sobre la materia.
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